Édgar Villamizar Espinel dice que ese fue el compromiso para testificar.
El caso del cabo (r.) del Ejército Édgar Villamizar Espinel, el supuesto testigo clave de las desapariciones y torturas tras la toma del Palacio de Justicia, que luego dijo haber sido suplantado en la Fiscalía, se convirtió en una 'papa caliente' para el Gobierno.
Por solicitud expresa de la Procuraduría, se le asignó un esquema de escoltas, a pesar de no encajar en los perfiles que maneja la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior.
A pesar de la excepción, EL TIEMPO tiene evidencia de que ese esquema está siendo usado por un familiar del cabo, aunque aparece asignado sólo a él luego de que denunció amenazas porque le atribuyeron haber visto a rehenes del Palacio y al coronel Alfonso Plazas Vega decir "cuelguen a esos h.p.".
La prueba del uso indebido que se le da al esquema que paga el Estado es un memorial del Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, que ha emplazado fallidamente a Villamizar para que testifique dentro de los hechos del Palacio (noviembre de 1985) y aclare si realmente tiene evidencias.
Allí quedó constancia de que el hijo del cabo llegó a excusarlo "asistido por dos escoltas de Vise Ltda., que presta servicios al Ministerio del Interior".
Lo que llama la atención es que otras instancias, como la Corte Suprema, le han solicitado a esa cartera la protección de familiares de amenazados y no han tenido respuesta. Es el caso de los hijos del ex 'para' Salvatore Mancuso, quien esta semana habló de sus
supuestos nexos con el general (r.) Rito Alejo del Río.
Pero lo que preocupa a algunos sectores es que Villamizar siga sin aclarar su versión y salga del país. Este diario estableció que está reclamando supuestas promesas de asilo para él y para su familia.
"Si no lo han podido obligar a testificar en Colombia, con escoltas pagos por el Estado, ¿qué va a pasar con el proceso si lo sacan?", dice uno de los abogados de las víctimas.
Al respecto, el director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, dijo que el uso que el cabo les está dando a los escoltas y su renuencia a asistir a testificar ante la justicia se ventilarán en el próximo Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) para estudiar si pierde la protección.
'No hay promesas'
Pero negó que el Gobierno hubiera adquirido otros compromisos, como lo insinuó el hijo del cabo en el memorando del juzgado, en el que incluso señaló que el 17 de noviembre había una reunión con la Procuraduría y con el Ministerio del Interior para hablar del tema. De hecho, el muchacho atribuye a los incumplimientos de compromisos la renuencia de su padre.
"Fuimos claros en decirle que la Unidad no gestiona, ni recomienda ni tramita asilos para nadie. Que el único compromiso es proteger la vida del cabo", enfatizó el jefe de la Unidad de Protección.
La Procuraduría también negó haberle ofrecido plata o sacarlo del país: "No quiso ir al programa de protección de testigos de la Fiscalía porque cree que esa entidad es la victimaria. Por eso le solicitamos la protección al Ministerio del Interior. Pero no le ofrecimos nada más y desde mayo, cuando declaró sobre su suplantación, no lo hemos vuelto a contactar", explicó un vocero de la Procuraduría.
Lo último que se supo de él es que, en octubre, su familia denunció nuevas amenazas y que ahora pide protección para su hermana y para su hijo.
Por ahora, además de la Procuraduría, el único que lo ha podido entrevistar es el CTI, en presencia de la fiscal que investiga si el supuesto testimonio del cabo se montó para que Plazas fuera condenado a 30 años o si el testigo está mintiendo y enredando a la justicia.
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